Qué es un juicio político y cuáles son sus implicancias

Análisis y explicaciones del Dr. Ricardo Paso

El presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen habló de esta importante alternativa, hoy en boca de muchos, pero a veces poco conocida en detalle.

En días en que se está hablando mucho del tema, el Dr. Ricardo Paso, presidente del Colegio de Abogados trenquelauquense, dialogó con el programa “Cada Día”, de FM Omega, respecto a qué es un juicio político y que implicancias tiene.

Se trata de una cuestión en boga a partir del impulso de una iniciativa de este tipo desde los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque muchos no tienen en claro de qué se trata. Y así, primeramente, Paso explicó que un juicio político es “más un acto administrativo de parte de la Legislatura que un juicio formal como es un juicio común, ya sea civil, penal, comercial, administrativo, en el cual, en este caso, el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados, hace de órgano fiscal, el acusador, y después, si es procedente la acusación, la Cámara de Senadores, que hace de tribunal para resolver la cuestión, determina si ciertos funcionarios están aptos o no para continuar ejerciendo su mandato”, añadiendo que sólo pueden ser sometidos a este tipo de juicio el presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros y la Corte Suprema. En tanto, los gobernadores pueden ser juzgados por los órganos legislativos provinciales y los intendentes por los concejos deliberantes.

Instancias

En cuanto a los pasos que se siguen, el abogado consultado señaló que un proceso de este tipo puede tener diferentes causales. “Las previstas en las constituciones son el mal desempeño del mandato o algún delito de instancia pública”, dijo, aunque aclaró que el proceso no tiene las características de un caso judicial, “porque a pesar de que históricamente, en sus inicios, la misma cámara que determinaba las cesantías podía aplicar sanciones de carácter penal, hoy ya no es así. Eso ocurría en Inglaterra, en los inicios, en la época de la monarquía parlamentaria”.

Hoy esto no ocurre y en el país se aplica el sistema americano, donde la máxima sanción que puede aplicar la Legislatura es la revocación de un mandato y en caso de existir una denuncia penal, la misma correrá por otra vía. De modo que por un juicio político ningún ciudadano puede ir a prisión, sino que este tipo de pena corresponde sólo a la Justicia ordinaria.

En tanto, para llevar a un funcionario a un juicio político se necesitan las dos terceras partes de un órgano legislativo, mientras que para avanzar dentro de la respectiva comisión de acusación se requiere una mayoría simple y para resolver, nuevamente dos terceras partes.

Por otro lado, el entrevistado explicó que hay una instancia de apelación que puede llevar a la Corte o, en otro caso, a los denominados conjueces, un grupo de jueces propuestos por colegios de abogados que suplantan a los magistrados de la Corte si es que están siendo juzgados.

Casos emblemáticos

Respecto a los casos más conocidos de juicio político en la historia Argentina, el presidente del Colegio de Abogados local comentó que son “los realizados a la Corte de la Nación entre 1945 y 1947, después, en 2002, por el tema del Corralito, en 2004 y el de ahora”, añadiendo que “lo raro de todos estos juicios, porque se deben juzgar conductas particulares y no generales, es que en la mayoría de los casos se los inició contra casi todos los miembros de la Corte y por fallos que han tenido ellos y sobre los que todos sabemos que una parte de la biblioteca está de un lado y otra parte del otro. O sea, la Legislatura muchas veces actúa con cierta discrecionalidad que hace que sea dudoso el resultado, sobre todo después de un tiempo, cuando se mira lo resuelto y ve que el motivo no han sido las causas de la acusación sino otros particulares que son intereses políticos”.

Además el abogado consultado dijo que “muchas veces el Legislativo junto con el Ejecutivo quieren tener una Corte que resuelva de acuerdo a su necesidad y conveniencia, y esto se ha dado muchas veces en nuestro país, sobre todo con los golpes militares”. Así como también señaló que hubo en nuestra historia casos de ampliación de la cantidad de miembros de la Corte para neutralizar a quienes podían llegar a estar en contra del pensamiento de un gobierno.

Se puede resumir que se trata de un tema complejo, que no se aborda a diario, y que no se puede despegar del aspecto político.