Llamaron a indagatoria a Miguel Aguilar, pero se negó a declarar

Por una causa del 2015

Fue denunciado por ingresar a un campo, junto a otras personas, con armas de fuego. El delito es “coacción agravada”

El titular de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade), Miguel Aguilar, se negó a prestar declaración indagatoria en una causa iniciada en el año 2015 en la que se le imputa el delito de “coacción agravada por el uso de arma de fuego”, según revelaron fuentes judiciales a Ecos Diarios.

Junto a Aguilar, también se encuentra imputado como partícipe necesario uno de sus “socios” comerciales, Luis Jurado. El transportista concurrió con su abogado defensor, Emanuel Vallota, pero evitó dar explicación alguna sobre la investigación en curso.

La causa por la cual se investiga al dueño de camiones y titular de la mencionada entidad, ocurrió a principios de 2015. En aquel entonces, según consta en la denuncia que tiene a cargo la UFI N° 20, a cargo de Horacio Sirimarco; Aguilar, Jurado y otros hombres ingresaron a un campo en la localidad de Lobería, en un transporte con la inscripción de Atcade en sus laterales, y amedrentaron a los trabajadores rurales con armas de fuego.

Coacción agravada

Según pudo saber Ecos Diarios, la irrupción de los transportistas se produjo no solo exhibiendo las armas de fuego, sino incluso se realizaron algunos disparos al aire para que los empleados del campo abandonaran sus tareas y se pusieran a disposición de Aguilar, Jurado y compañía.

Los transportistas, según relataron ante la justicia quienes sufrieron las amenazas, durante todo momento intentaron que los trabajadores abandonaran el campo. Esta situación, se produjo meses después.

Aguilar y Jurado tomaron posesión del establecimiento rural, de varias hectáreas, al menos hasta mayo del mismo año. Durante ese período, se pudo constatar que se faenaron animales y, una vez que lo abandonaron, el faltante de algunas pertenencias según la denuncia realizada por quien era el propietario de dicho campo y sus empleados de aquel entonces.

Por estos hechos es que el transportista de Quequén fue citado a declarar días atrás, pero tal como relatáramos en esta nota, se negó a emitir palabra alguna sobre lo ocurrido en 2015 ante la Fiscalía.

La expectativa de pena para el delito que se le imputa es de entre 5 y 10 años, pero al estar agravado por el hecho de la utilización de armas de fuego, la misma se amplía a una mínima de 6 años y medio y un máximo de 13. El juez de Garantías que actúa es Guillermo Llugdar.

Antecedentes

Miguel Aguilar es un conocido transportista local que creó y dirige la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade). Desde los inicios de la entidad, la misma ha tomado trascendencia pública por haber estado involucrada en varias situaciones violentas.

Durante varios años, Atcade fue la “fuerza de choque” de Aguilar para el corte de rutas provinciales, ingresos a playas de estacionamiento de camiones, el acceso a Puerto Quequén y hasta permanecieron varios días estacionados frente a la Municipalidad de Necochea.

A estas actividades delictivas, se les deben sumar las amenazas casi permanentes a empresarios rurales, acopiadores y vinculados al mundo agroexportador, y hasta dirigentes políticos y sindicales de la ciudad.

Esta no es la única causa en la cual Miguel Aguilar aparece como principal implicado. En la IPP 995/19, que tramita en la UFI N° 20, el transportista está acusado del delito de amenazas. Según pudo saber Ecos Diarios, Aguilar dañó algunos vehículos y también golpeó a un camionero en el ingreso a la firma Ceres Tolvas, con el objetivo puesto en que ningún camión pudiera cargar o descargar su mercadería.

Dicha causa había sido archivada, ya que la firma y Aguilar habían firmado un acuerdo pero el denunciante no fue parte del mismo y, por ende, por indicación de su representante legal se pidió que la misma fuera desarchivada.

A su vez, se solicitó a la Justicia que se anexara otra denuncia contra el titular de Atcade por “amenaza y extorsión” (IPP N° 5476/22).

Este accionar de Aguilar y Atcade muestra a las claras la forma con la cual actúa el transportista y la asociación creada por él, situación que no debería repetirse en una sociedad como la necochense.///