de Trenque Lauquen
Sábado 24 de Octubre de 2020

Busca reemplazar tecnicismos con expresiones sencillas

Ley de lenguaje claro, una herramienta del Estado para acercarse más a la gente

Sentencias, ordenanzas, escritos administrativos, muchas veces repiten modelos rellenos con formalismos innecesarios, que acarrean confusión y complican la comprensión de la información pública.

Escribe: Lisandro Beperet (*)

Especial para La Opinión

Una persona se presenta en la mesa de entradas de un Juzgado. Sin levantar la vista, le acerca un papel a la persona que la atiende, y apenas le dice: “Me llegó esto”.

Lo que no sabe esa persona es que “eso” es una notificación, y que se la enviaron de una oficina del Poder Judicial que no es justamente en la que acaba de entrar. Tampoco sabe que tuvo un poco de suerte, porque encontró un empleado con buena voluntad y conocimiento que le dio una indicación más precisa.

“Lo están citando como testigo en un juicio laboral. Se tiene que presentar el 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Tribunal de Trabajo, que queda en la Calle Diagonal Camineros 1289. Y lleve el documento” le explica el empleado público.

La escena se repite a diario en los pasillos de las oficinas de Corte y el Ministerio Público. Y palabras más, palabras menos, es lo que dice “ese” papel que le dejó un notificador esta semana en su casa.

El vecino apenas si dice gracias y se va. Y cuando sale a la vereda se pone a leer de nuevo el papel tratando de entenderlo y preguntándose cómo fue que no pudo interpretar algo tan sencillo.

La citación electrónica impresa -después una serie de datos técnicos que ocupaban casi toda la carilla- decía: “Notifico a Ud- que en expte. N° 899-654 caratulado “A.J.C. c/Corredor Norte SA s/Despido” que tramita por ante este órgano, ha sido citado por la co-demandada. El auto que lo ordena establece: Trenque Lauquen, 20 de setiembre 2020. A LA TESTIMONIAL: Cítese en el momento procesal oportuno, para que comparezca a la audiencia de vista de causa, a prestar declaración testimonial….”.

Difícil de entender

Esta concatenación de tecnicismos es una constante en los escritos judiciales (oficios, sentencias y demandas, etc.) pero también es un ejercicio que permanece enquistado en vetustos modelos administrativos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que se repiten en ordenanzas, comunicaciones y una serie interminable de textos de “copie y pegue” que muchas veces se transforman en una barrera para la comprensión e interpretación de quienes no los utilizan con habitualidad.

El ejemplo puede ser extenso, pero es parte de la verdad que entorpece muchas veces la gestión de lo público, que desanima desde lo intelectual, o directamente le causa rechazo a la persona que aunque se esfuerce por interpretar esos escritos, necesariamente debe acudir en busca de ayuda y muchas veces pagar por esa asistencia técnica particular.

Ya es ley provincial

Hace unos días, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó y convirtió en ley -sin modificaciones- un proyecto que había llegado desde la Cámara Baja bonaerense impulsado por la diputada Laura Aprile (JxC), de la sexta sección electoral, denominado “Lenguaje claro desde el Estado”.

El texto de la nueva normativa que deberá ser implementada por los tres poderes del Estado provincial, tiene por objeto “garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública, y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales”.

En diálogo con el programa radial “La letra chica” (@LaLetraChica1) que se emite por Radio Omega, la funcionaria brindó detalles de esta ley que busca implementar un lenguaje claro, “basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano”.

Aprile consideró absolutamente necesario “tener una ley de lenguaje claro, porque como funcionarios tenemos la obligación de garantizar la compresión de todos los derechos y obligaciones que tienen los vecinos. Nosotros nos tenemos que hacer entender y que los vecinos no necesiten de intérpretes para saber justamente cuáles son sus derechos y obligaciones. Es clave la comunicación y que las decisiones que se vayan tomando se hagan de una manera clara y efectiva”.

Y a renglón seguido sentenció: “Esto hace a la transparencia y al acceso a la información. Pero también hace a la eficiencia del recurso humano, de no tener tal vez que estar explicando tecnicismos innecesarios, es más agilidad y economiza en todo sentido”.

Los tres poderes

Esta Ley fue pensada para que se pueda implementar en los tres poderes del Estado, “no sólo en cuanto al Ejecutivo y sus disposiciones, resoluciones y decretos, sino también en el poder Judicial y Legislativo” explicó Aprile.

La diputada consideró que sea el ámbito judicial el que posiblemente utilice con más frecuencia un lenguaje que a veces dificulta la comprensión. “En el ámbito judicial se usan frases en latín, hablamos de autos y vistos, dando por hecho que la gente sabe a qué nos referimos, lo mismo cuando hablamos de fojas, o usamos oraciones más extensas de lo necesario”. Al mismo tiempo, reconoció que “ya existe una corriente judicial que está tratando que las sentencias sean más fáciles de comprender” y que eso es un gran paso, porque de lo contrario, “las palabras complejas alejan a la administración de la personas”.

Esta Ley abarca resoluciones, leyes, disposiciones, ordenanzas, etc., y está dirigida a todos los organismos centralizados y descentralizados bonaerenses, y a todas las normas cualquiera sea su jerarquía.

El proyecto se inició en la Cámara de Diputados donde fue aprobado de forma unánime, lo mismo ocurrió en el Senado tras ser analizado en comisión, y ahora sólo falta la publicación en el boletín oficial para que efectivamente adquiera operatividad y se reglamente.

“Al ser todo más claro y transparente permite por parte del ciudadano un control más democrático de los actos públicos que emanen del Estado” concluyó la diputada Laura Aprile.

(*) Periodista y abogado.

Otro desafío

Laura Aprile preside la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, responsabilidad que define como “un gran desafío”.

“En materia de discapacidad tenemos una deuda pendiente donde se ha evolucionado, pero queda mucho por hacer y legislar” reconoció la funcionaria, y sostuvo en línea con el flamante proyecto que “hay que hacerlo en un lenguaje inclusivo”.

Para Aprile, al tema de la discapacidad “lo tenemos que abordar de manera transversal y no como un tema de un área independiente”. Es por eso que “es tan importante la comunicación porque no tenemos que dejar a ninguna persona fuera del alcance de la interpretación de sus derechos y la posibilidad que cumpla con sus obligaciones” concluyó.

Qué dice el proyecto

La Ley de Lenguaje claro que aprobó el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tiene por objeto garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a comprender la información pública, y promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales.

En su articulado define al lenguaje claro como aquel “basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano”. Y agrega: “Un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar Io que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades”.

En su artículo tercero, la ley alista una serie de objetivos, entre ellos, reducir errores y aclaraciones innecesarias; reducir costos y cargas para el ciudadano; reducir costos administrativos y de operación para las entidades públicas; aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos; reducir el uso de intermediarios; fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte del Estado; promover la transparencia y el acceso a la información pública; facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana; generar confianza en la ciudadanía, limitar ambigüedades y proveer comunicaciones efectivas.

Las disposiciones de esta ley serán aplicables al Estado Provincial, entendiéndose por tal, los tres poderes que Io constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los organismos de la Constitución Provincial, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado Provincial, y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Todos ellos deberán incorporar dentro de sus esquemas de comunicación, publicación e información pública, las recomendaciones y lineamientos del instructivo que disponga el Poder Ejecutivo y del específico que establezca su Autoridad de Aplicación. Más adelante, invita a los municipios de la provincia de Buenos Aires a adherir a esta ley.

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