El Gobierno derogó una medida que ponía topes a la exportación de granos

La administración libertaria eliminó una Resolución de 2021 que data del Gobierno de Alberto Fernández.

El Gobierno de Javier Milei eliminó una Resolución del año 2021 que ponía topes a la exportación de granos, como trigo y maíz. Lo hizo por medio de la Resolución 302/2024 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el  Boletín Oficial.

La norma ahora derogada había sido interpuesta por el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y establecía que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios publicaría los “volúmenes de equilibrio” para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola. Así, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) a registrar no podrían exceder, en su conjunto, esos límites dispuestos.

El objetivo era evitar que las ventas al exterior de trigo y maíz entorpezcan el normal abastecimiento del mercado interno.

Ahora, la administración de Javier Milei consideró “indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado, productores, exportadores e importadores”.

“En atención al cambio de autoridades recientemente acaecido en todos los planos de la Administración Pública Nacional, y a las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes, esbozados en el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta cartera relacionada con las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca”, abundó el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, advirtió que existen “normas vinculadas con regímenes de control, operatividad, distribución, programas y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a la Autoridad de Aplicación de tales regímenes de la celeridad que la función pública debe practicar”. (DIB)