El Gobierno denunció irregularidades en la mitad de los comedores financiados por el Estado

La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello. El caso le tocó al juzgado de Ariel Lijo.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.

La denuncia judicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, y tras el sorteo, el caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno señaló que los hechos denunciados podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad.  La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso, al parecer, ocurrió.

La información puesta en conocimiento de la Justicia surgió de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, informó el Gobierno.

El mecanismo para recibir dinero del Estado implicaba que los comedores debían inscribirse, luego había que validar esa inscripción y por último, se los matriculaba por dos años. Para seguir recibiendo alimentos, debían revalidar esa matrícula, o no podían seguir siendo beneficiarios.

El Gobierno auditó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) tras comprobar que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”, según informó oficialmente la cartera de acción social.

La auditoría pudo relevar, de la totalidad de los comedores, solo la mitad (52,3%). El restante 47,7% no pudieron controlarse debido a que 32% no funciona más como tal; en 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores o merenderos) y en casi 16%, de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero, según señala la información oficial del Ministerio. (DIB)