Discapacidad en emergencia: hay 200.000 personas que podrían perder prestaciones

Desde el sector convocan a una conferencia de prensa para visibilizar la crisis en la que se encuentran.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizará este viernes una conferencia para denunciar el estado de emergencia y la situación de vulnerabilidad en la que están más de 200.000 mil personas, tras el ajuste y la devaluación del último mes.

La conferencia se llevará a cabo este viernes 19 de enero a las 10 de la mañana en la calle Adolfo Alsina 1433, del barrio porteño de Montserrat.

 

“Mientras la inflación anual del 2023 fue del 211,4%, el aumento de aranceles del mismo año fue tan solo del 120,8 %. Esto arroja una diferencia de casi 100 puntos. Es en este contexto que, quienes brindan servicios a personas con discapacidad, ya no pueden sostenerse y piden al Gobierno Nacional una respuesta urgente”, apuntaron desde el Foro en el comunicado oficial.

En la misma línea, desde el 7 de enero el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) viene denunciando a través de sus sitios oficiales en redes sociales que unas 200.000 personas con discapacidad pueden quedar sin prestaciones debido al aumento de costos por la inflación, tras el cambio de gobierno.

“La discapacidad está en emergencia, nos endeudamos para funcionar, con los aranceles actuales hay que elegir qué pagar: los sueldos, los servicios, alquileres, alimentación, nos estamos endeudando para seguir funcionando”, expresaron a través de un video para dar visibilidad a la situación.

A su vez, indicaron que los transportes ya tuvieron que retener tareas tras la suba reiterada en combustibles, y advirtieron que centros de día y otras organizaciones podrían suspender servicios o cerrar. “Necesitamos actualización de aranceles por inflación”, aseveraron.

El jueves 4 de enero, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad suspendió el servicio en reclamo de un “urgente reajuste arancelario” basado en los recientes y reiterados aumentos de los combustibles.

La medida, que afectó a cerca de 230.000 personas, se inició esa semana, mientras que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) convocaron a un encuentro para entablar un diálogo. De acuerdo a un informe difundido, se acercaron propuestas aunque aún restan pagos por acreditarse.

Desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad indicaron que se encuentran en “estado de alerta”, ya que la situación de “crisis del sector vulnera los derechos del colectivo”. (DIB)